Paga la banca

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LOS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA

 

El pasado día 18 de octubre se hacía pública una Sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se determina que es la parte prestamista quien debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no el prestatario. Es decir, es la entidad financiera que concede el préstamo quien debe hacerse cargo.

Con esta sentencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambia radicalmente su jurisprudencia anterior ya que determina que el sujeto pasivo del préstamo no es el solicitante del mismo como hasta ahora se venía sosteniendo, sino la entidad financiera que presta las suma correspondiente. Se considera que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de la misma es la entidad financiera, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca.

Con posterioridad, el TS emplazó para el día 5 de noviembre un pleno extraordinario con el fin de establecer un criterio unificado.

Pues bien, este pronunciamiento ya se produjo y fue contrario a lo que todos esperábamos puesto que, en vez de ratificar que el sujeto pasivo era la entidad financiera y se aclarara la retroactividad de la sentencia, el Tribunal cambió de opinión indicando que el sujeto pasivo volvía a ser el particular.

Recientemente, el pasado 9 de noviembre, el Gobierno ha publicado en el BOE un Real Decreto-Ley que modifica el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta norma se establece que el sujeto pasivo de las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria será el prestamista, es decir, la entidad financiera, indicándose que este cambio se aplicará a los hechos imponibles devengados a partir del 10 de noviembre de 2018, es decir, a las escrituras públicas formalizadas a partir de dicha fecha. Por lo tanto, a partir de la fecha indicada será la entidad financiera, la banca, quien tenga que pagar el impuesto y no el particular.

Por otra parte, el Real Decreto-Ley también modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableciendo que a partir del 10 de noviembre de 2018, la deuda tributaria consistente en el  Impuesto sobre AJD, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, no será deducible en el Impuesto sobre Sociedades por parte de la entidad financiera, con lo que el banco no podrá aplicar el impuesto pagado como un gastos fiscalmente deducible.