Hacienda sólo puede registrar un domicilio si no existe otro medio menos invasivo

Hacienda sólo puede registrar un domicilio si no existe otro medio menos invasivo

LA LEY GENERAL TRIBUTARIA INDICA QUE PARA PODER ACCEDER AL DOMICILIO DE UN CONTRIBUYENTE SE DEBERÁ CONSEGUIR UNA AUTORIZACIÓN JUDICIAL   El pasado mes de noviembre se publicó la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre referente a las autorizaciones judiciales en el ámbito tributario para la entrada en domicilios de personas físicas. Esta sentencia es de máximo interés ya que el Tribunal Supremo ha concretado los requisitos que debe reunir una autorización judicial para la entrada y el registro de un domicilio particular. Según el tribunal la necesidad de entrada y registro debe de ser el único medio apto para obtener el fin legitimo perseguido por la Administración que, en el caso de las inspecciones tributarias, habrá de ser la obtención de unos datos imprescindibles -que no pueden conseguirse de otro modo menos invasivo- para determinar la existencia de un comportamiento ilícito del contribuyente o de un incumplimiento de las obligaciones que le incumben. Es decir, que el juez ha de considerar en primer lugar que la actuación inspectora considere que la medida que solicita es la más idónea para alcanzar sus objetivos. Así mismo, deberá de tener en cuenta el hecho de que no existe otra medida alternativa que no sea tan lesiva para el contribuyente. Y por último la medida ha de ser proporcional al caso concreto que se trate, por lo que se deberán ponderar  los beneficios que genere tal actuación frente al sacrificio del derecho fundamental del contribuyente de la privacidad de su domicilio. Por lo tanto, el Tribunal resalta la necesidad de que esté muy justificada la entrada y registro, ya que...
Paga la banca

Paga la banca

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN LOS PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA   El pasado día 18 de octubre se hacía pública una Sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la que se determina que es la parte prestamista quien debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no el prestatario. Es decir, es la entidad financiera que concede el préstamo quien debe hacerse cargo. Con esta sentencia la Sala Tercera del Tribunal Supremo cambia radicalmente su jurisprudencia anterior ya que determina que el sujeto pasivo del préstamo no es el solicitante del mismo como hasta ahora se venía sosteniendo, sino la entidad financiera que presta las suma correspondiente. Se considera que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de la misma es la entidad financiera, que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca. Con posterioridad, el TS emplazó para el día 5 de noviembre un pleno extraordinario con el fin de establecer un criterio unificado. Pues bien, este pronunciamiento ya se produjo y fue contrario a lo que todos esperábamos puesto que, en vez de ratificar que el sujeto pasivo era la entidad financiera y se aclarara la retroactividad de la sentencia, el Tribunal cambió de opinión indicando que el sujeto pasivo volvía a ser el particular. Recientemente, el pasado 9 de noviembre, el Gobierno ha publicado en el BOE un Real Decreto-Ley que modifica el Texto Refundido del Impuesto...
Aclarando el lío de los aplazamientos de Hacienda

Aclarando el lío de los aplazamientos de Hacienda

El pasado 2 de diciembre se aprobaba el Real Decreto Ley 3/2016 mediante el cual el Ministerio de Hacienda marcaba nuevas pautas para los aplazamientos de diferentes obligaciones tributarias. La nueva normativa indica que a partir del 1 de enero de 2017 se suprime la posibilidad de aplazamiento de las retenciones al tiempo que se introducen nuevos supuestos de deudas tributarias que tampoco podrán ser objeto de aplazamiento y cuyas solicitudes serán objeto de inadmisión, lo que implica la iniciación automática del periodo ejecutivo de pago aún cuando se haya solicitado el aplazamiento dentro del periodo voluntario. Los nuevos supuestos en los que no se podrá solicitar aplazamiento son los siguientes: Las retenciones derivadas de impuestos repercutidos (como por ejemplo el IVA), salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente cobradas. Habrá que esperar a ver cual es el criterio que acepta Hacienda para demostrar las cuotas que no hayan sido cobradas y que se pretendan aplazar. Las retenciones correspondientes a obligación tributaria de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Las liquidaciones tributarias confirmadas en virtud de resoluciones firmes cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación de los recursos o reclamaciones. Como es lógico, la aprobación de esta nueva norma ha provocado una gran inquietud entre los trabajadores autónomos y las pymes. Para calmar los ánimos y marcar las pautas a seguir, la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha publicado una nota aclaratoria en su página web especificando que los autónomos podrán seguir aplazando el IVA y el IRPF bajo las siguientes circunstancias: Si la deuda es inferior a 30.000 euros, no será necesaria la aportación de garantías...
El gobierno valenciano modifica el IRPF así como Sucesiones y Donaciones

El gobierno valenciano modifica el IRPF así como Sucesiones y Donaciones

Las medidas fiscales que el Gobierno de la Comunidad Valenciana tiene previstas para el 2017 afectarán principalmente al tramo autonómico del IRPF, así como al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. De esta manera se introducen cambios en la escala autonómica del IRPF, modificándose  la estructura de la tarifa, reduciéndose los tipos en los tramos inferiores de renta y elevándose los más altos. En cuanto a las deducciones, se modifica la deducción autonómica por inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica o destinadas al aprovechamiento de fuentes renovables en la vivienda habitual, aumentando del 5% al 20% la deducción. La base máxima de esta deducción se establece en la cifra de 8.000 euros anuales. También se establece una nueva deducción autonómica por obras de conservación o mejora de la calidad, sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual. El importe de esta deducción ascenderá al 15% de las cantidades satisfechas en el período impositivo por las obras realizadas, con una base máxima anual de deducción de 5.000 euros, aunque limitándose su aplicación a contribuyentes con rentas inferiores a 25.000 euros en tributación individual y 40.000 euros en tributación conjunta. Por último se establece una nueva deducción autonómica por cantidades destinadas a abonos culturales para los contribuyentes con rentas inferiores a 50.000 euros. La base máxima de la deducción a estos efectos será de 150 euros por periodo impositivo. Respecto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la reducción autonómica por donación o sucesión de la empresa familiar quedará limitada, exclusivamente, a las empresas de reducida dimensión. No obstante, sí cabría aplicar la reducción prevista en la ley estatal. Además,  se elimina la...
Nuevas normas para relacionarse con la Administración

Nuevas normas para relacionarse con la Administración

A partir de este mes de octubre entra en vigor la nueva Ley 39/2015 que regula el Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas. Esta Ley regula las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones. Las principales novedades que presenta dicha norma son: Se declara el sábado como día inhábil, unificándose de este modo el ámbito judicial y administrativo. Se regula el cómputo de plazo por horas, entendiéndose que son hábiles todas las horas de un día hábil. Cuando los plazos se expresen en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Igualmente ocurre lo anterior cuando el plazo se fije en meses. Si en el mes de vencimiento no existiese el día, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si el último día del plazo es un día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Las notificaciones se realizarán preferentemente por medios electrónicos. Entre otros, la Ley obliga a las entidades sin personalidad jurídica a que se relacionen con las administraciones públicas de forma electrónica. Entre estas entidades se incluyen a las asociaciones, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios. Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro. Los interesados no estarán obligados a presentar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración o que hayan sido aportados con anterioridad por el interesado a cualquier administración. Tampoco se exigirá la presentación de documentos originales. Bastará con la presentación de una copia. Todas las notificaciones que se...
El Supremo aclara a Hacienda qué es “actividad económica”

El Supremo aclara a Hacienda qué es “actividad económica”

Según Hacienda, cuando el contribuyente inicia una nueva actividad y tarda varios ejercicios en iniciar el proceso de ventas, o cuando su actividad se reduce manteniéndose la estructura de gastos en espera de que reviertan los ingresos,  no se está desarrollado actividad económica alguna y  por ello no se pueden deducir o compensar fiscalmente los gastos que se generan. Pues bien, ante la posible ambigüedad de la situación, en una reciente sentencia el Tribunal Supremo ha dejado claro a la Agencia Tributaria el concepto de actividad económica recogido en la norma tributaria. De tal manera que se le dice a Hacienda que para que exista una actividad económica NO es requisito indispensable que la actividad genere ingresos y beneficios sino que es suficiente con que se produzca, por parte del contribuyente, una ordenación de medios materiales y humanos con la intención de intervenir en los procesos económicos mediante la entrega de bienes o la prestación de servicios. Esta aclaración del Supremo se produce como consecuencia de las regularizaciones en la situación económica de los contribuyentes que últimamente viene realizando la Agencia Tributaria, alegando que la actividad no genera ingresos o que genera pérdidas continuadas durante muchos ejercicios por lo que no se puede hablar de que exista una actividad económica al faltar los requisitos de generar los ingresos  o los beneficios. Tal interpretación provoca que la factura fiscal del contribuyente experimente un considerable aumento ya que se ve incapacitado de poder deducir los gastos en los que incurre o  de compensar las bases imponibles negativas, consecuencia de las pérdidas, con beneficios futuros. En la sentencia el Supremo aclara que, se generen o no beneficios, se realicen...